¿Qué es?
La Ley de la Cadena Alimentaria es el marco mínimo legal de la Unión Europea para la protección contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario. Estas prácticas desleales implican que los socios comerciales de mayor tamaño impongan condiciones “contrarias a la buena fe y a un trato justo” en sus acuerdos comerciales.
La aplicación en España se realiza mediante el Real Decreto Ley 5/2020. Esta reforma incluye nuevas regulaciones relativas al coste efectivo de producción y prohibición de venta a pérdidas.
La entrada en vigor de la ley fue el 16 de diciembre de 2021. Los contratos anteriores a esta fecha, debían adaptarse a las nuevas obligaciones antes del 1 de mayo de 2022.
¿Cuándo se utiliza?
En todas las relaciones comerciales dentro de la cadena alimentaria, en las que participe, al menos, un estado miembro de la Unión Europea.
Nuevas obligaciones
Los contratos deberán formalizarse por escrito, excepto los inferiores a 1.000€ y las operaciones de pago al contado.
Determinación del coste efectivo, tomando como referencia la producción comercializada en un ciclo económico. Se deberá pagar al proveedor un precio igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto. Para la venta final al público, no se podrá ofrecer un precio inferior al precio de adquisición del producto.
Las promociones deberán estar reguladas y pactadas entre proveedor y comprador, para dar a conocer el precio real del producto y el origen de la promoción. El objetivo de esta medida es no inducir a error en el consumidor, en relación a precios y calidad de productos.
Gestión de infracciones
Cuando se realicen infracciones, el procedimiento sancionador se regirá por la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En España, las autoridades de ejecución son la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Sanciones en el primer semestre de 2022
El informe de la AICA para el primer semestre del año 2022 recoge que se han realizado 354 inspecciones de oficio y 97 relaciones comerciales, para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. En total, se han recibido 9 denuncias y se han impuesto 95 sanciones. El 45% de las sanciones se corresponden con el incumplimiento de plazos de pago.
Cabe destacar que, el sector de frutas y hortalizas es en el que más inspecciones se han realizado. Además, la AICA ha realizado 822 comprobaciones para confirmar la existencia de contratos y revisar su contenido en el sector de frutas y hortalizas.
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha destacado la importancia de estas acciones para asegurar el cumplimiento de la Ley, como mejor medida para hacer frente a la situación que sufren los mercados agrarios como consecuencia de las condiciones climáticas y la invasión de Ucrania.
En un contexto en el que la disponibilidad de materias primas juega un papel tan importante en el abastecimiento de la población, Fernando Miranda pone de manifiesto la necesidad de unión y compromiso de los países miembros, para avanzar en la efectividad de esta ley.
Para la implantación de la ley, es imprescindible que se dé a conocer a todos los participantes en la cadena, de manera que todos los actores participen en la aplicación de estas normas. Desde Blasco Fruit, queremos colaborar con la implantación de esta ley, dándola a conocer a nuestros colaboradores mediante este post, y aplicando la normativa en nuestras relaciones comerciales.
